Entre 2016 y 2020 la Dirección General de Migración manejó un total de 5,879 “alertas migratorias” a través del Departamento de Impedimentos de la institución, recurso que según informes de las autoridades buscaba “colaborar para salvaguardar la seguridad nacional”.
A pesar de que estas alertas suponían en sus inicios un “aviso” a las autoridades para que tuvieran conocimiento acerca de los movimientos migratorios de personas bajo investigación, recientemente la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, señaló que en la historia reciente estaban siendo utilizadas como “reales impedimentos de salida” del país.
En otras palabras, “apoyados en las alertas migratorias” se les estaba impidiendo la salida a determinadas personas, incurriendo en una violación a la Ley no. 200 de Impedimentos de salida del país.
Esta ley señala en su artículo 1 que sólo se podrá impedir la salida a aquellos nacionales o extranjeros con penas impuestas por la justicia o en las leyes de policía, de migración y de sanidad.
Esta misma ley en su artículo 5 establece que en “caso de urgencia” el procurador general de la República tiene la potestad de requerir al Director General de Migración que prohíba la salida al exterior de determinada persona.
No obstante, la pieza legal establece que si en las siguientes 72 horas el procurador general no remite la documentación exigida por la Ley acerca de la persona detenida a dicho funcionario, entonces el requerimiento “quedará sin efecto y no podrán los funcionarios y empleados de migración prohibir la salida de dicha persona”.
El 2020 fue el año con mayor cantidad de alertas migratorias ejecutadas a requerimiento de la Dirección General de Migración, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y otros organismos de seguridad nacional e internacional, acumulando un total de 3,038 solicitudes.
De esta suma, unas 2,202 alertas permanecían activas, 832 se levantaron de forma definitiva y cuatro de forma provisional, según indica la memoria institucional de la entidad correspondiente a este año.
Los meses de noviembre y marzo encabezan el listado de las alertas migratorias a requerimiento de agencias de seguridad para el año 2020 con 758 y 688 “avisos” de esta índole respectivamente.
Según el informe elaborado por la DGM, las instituciones que más solicitaron alertas migratorias en el 2020 fueron la propia Migración con 1,325; el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) con 652 y el Ministerio Público con 293.
Mientras que la Interpol emitió 374 alertas; el Poder Judicial (PJ) 232; la Procuraduría General de la República (PGR) 51; la Policía Nacional 22 y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) 44.
El menor número de solicitudes fueron realizadas por la Dirección Central De Investigaciones Criminales (DICRIM), con 4; el Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (J-2), con 18; la División de Inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana (M-2), con 15 y el Ministerio de Defensa con 8.
Discrepancias en el 2019
En los registros del Departamento de Impedimentos de la DGM se observa cierta discrepancia entre las estadísticas de alertas migratorias correspondientes al período enero-diciembre 2019.
Por un lado, de manera textual el informe explica que durante ese año se interpusieron un total de 2,018 alertas migratorias, de las cuales estaban activas 1,736 y fueron retiradas de forma definitiva 279.
Sin embargo, el recuadro donde se detallan estos datos señala que para el mismo período se emitieron 1,920 alertas por este concepto, lo que demuestra una diferencia de 98 “avisos migratorios”.
Según las estadísticas elaboradas por la entidad, las instituciones que interpusieron más alertas migratorias ese año fueron la Interpol, con 752; el Poder Judicial, con 383; la Procuraduría General de la República, con 364 y la Dirección General de Migración con 224.
Mientras que el DICRIM reportó 3, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) requirió 4 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) 12.
2018
Para el período enero-noviembre del 2018, la DGM manejó un total de 422 alertas migratorias por parte de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Interpol, el Departamento de Investigación criminal de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (J-2) y la División de Inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana (M-2).
Cabe resaltar que en este año la Dirección General de Migraciones no ofreció detalles acerca de las solicitudes realizadas por cada entidad, como lo hizo en años posteriores.
2017
Para el 2017 la institución reportó 327 medidas de alertas o controles migratorios requeridos por la Dirección Nacional de Investigación (DNI), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Interpol. Al igual que en el 2018, se desconoce el detalle de las alertas pedidas por estas entidades.
2016
El 2016 fue el año con menos cantidad de alertas migratorias entre los contabilizados por este diario, siendo requeridas un total de 172 alertas por el DNI, la DNCD y la Interpol.
Sobre el Departamento de Impedimentos
El Departamento de Impedimentos es el organismo responsable de ejecutar las medidas coercitivas de impedimentos establecidas por los tribunales nacionales, medidas de control de alertas solicitadas por los Organismos de Seguridad Nacional y de interponer los registros de impedimento de entrada y salida del país.
La “aclaración” de Miriam Germán
Tras habérsele impedido salir del país el pasado jueves el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, afirmó que existe una persecución y “una investigación desconocida” en su contra.
El exfuncionario se dirigía a Miami, Estados Unidos, cuando las autoridades de migración lo detuvieron en el aeropuerto.
Al respecto la magistrada Miriam Germán Brito, ocupante actual del puesto emitió un comunicado dirigido a los medios de comunicación para “aclarar” lo sucedido con Rodríguez.
En el documento expresó que sobre el exprocurador “no pesa ningún impedimento de salida del país”, por lo que no se le debió impedir que viajara a Estados Unidos y tildó de “irregular” la acción.
Germán Brito resaltó que a inicios de su gestión, en agosto del año pasado, se reunió con el Director de Migración para que fuesen levantadas las “alertas migratorias”, ya que las consideraba como “reales impedimentos de salida”, con lo que el funcionario estuvo de acuerdo.
“En ese sentido, instruí que todas fusen levantadas o dejadas sin efecto, para lo cual compartí mi parecer con el director de Migración, quien estuvo de acuerdo…justo al día siguiente de haber tomado esta decisión recibimos la visita de dos funcionarios que no son del área judicial, presentes además a requerimiento mío estuvo el director de Migración y los titulares del Pepca y la Dirección de Persecución (Yeni Berenice y Wilson Camacho)”, añadió.
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