Comisión de Constitución del Senado de Chile da luz verde al proyecto de ley que indulta a los detenidos en el estallido social de 2019

La Comisión de Constitución del Senado de Chile aprobó este miércoles el proyecto que concede el indulto por razones humanitarias a los detenidos durante el estallido social de octubre de 2019 en el país suramericano.

La normativa recibió tres votos a favor y dos en contra, y ahora pasará a discusión en la Sala de la cámara alta del Parlamento chileno.

Los votos favorables fueron de los senadores Alfonso de Urresti, Francisco Huenchumilla y del presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya; mientras que el rechazo a la normativa llegó por parte de Luz Ebensperguer y Rodrigo Galilea.

El proyecto fue sometido a votación este miércoles en esa comisión del Senado, luego que el martes se diera por finalizada la ronda de audiencias sobre la iniciativa, donde comparecieron víctimas, familiares de estas, juristas, representantes del Ejecutivo chileno, así como del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y del Poder Judicial.

Previo a su aprobación en esta instancia, la iniciativa ya había recibido el respaldo en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad del Senado.

El proyecto y la tensión política

El proyecto fue presentado el 9 de diciembre de 2020 ante el Senado por los congresistas Alejandro Navarro, Yasna Provoste, Adriana Muñoz, Isabel Allende y Juan Ignacio Latorre.

“No es aceptable que hace más de un año en nuestro país haya personas que todavía no tengan derecho a un debido proceso. No se sabe en qué situación están, no se sabe cuáles son los cargos que se les pueden hacer, hay un total anonimato, un total ocultamiento de la realidad de estas personas, de estos jóvenes, que en su gran mayoría lo único que han hecho es salir a protestar, a ejercer su legítimo derecho a la protesta social”, dijo Muñoz al presentar el proyecto de ley.

El debate sobre este indulto ha generado tensiones políticas en el país suramericano. El pasado 8 de julio, la Convención Constitucional, instalada para redactar la nueva Constitución que sustituirá a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, aprobó una declaración, que fue la número uno del órgano, en la que demandó “máxima celeridad” a la tramitación de este proyecto.

En el documento aprobado, la Convención Constitucional –que justamente resultó de ese estallido social de octubre de 2019–, señala que durante la revuelta “miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”. Asimismo, señalan que muchos permanecen bajo prisión preventiva y no hay avance en las investigaciones.

“Hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile”, se lee en el mismo texto.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado manifestó que “este es un mal proyecto, porque genera impunidad”.

Entretanto, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, aseguró que “hablar de presos políticos o justificar un indulto” para estas personas es “ocultar la voluntad” de algunos grupos por “declararlos impunes”, un hecho que considera grave porque “es validar de esta manera la violencia como un modo de actuar en política”.

RT

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